Glovo en Crisis: Un Modelo Laboral en el Ojo del Huracán

Glovo, una de las empresas más representativas del reparto a domicilio en España, enfrenta una crisis que ha puesto en entredicho su modelo de negocio. Desde la aprobación de la Ley Rider en 2021, diseñada para proteger los derechos laborales de los repartidores, la compañía ha acumulado multas multimillonarias por continuar utilizando falsos autónomos. Además, su resistencia a adoptar el marco normativo ha derivado en conflictos judiciales, problemas financieros y un gran número de despidos. Este artículo analiza los problemas actuales de Glovo, los esfuerzos para resolverlos y su impacto en el sector.

¿Qué Está Pasando con Glovo?

La Ley Rider, en vigor desde 2021, exige que las empresas de reparto contraten a sus repartidores como empleados en lugar de autónomos, garantizándoles derechos laborales básicos. Sin embargo, Glovo ha sido reiteradamente sancionada por incumplir esta normativa. Según la Inspección de Trabajo, la compañía empleó a más de 10,000 repartidores bajo la figura de "falsos autónomos", esquivando los costos asociados a la contratación formal. Por esta razón, ya ha recibido multas por 79 millones de euros y enfrenta posibles sanciones adicionales de hasta 400 millones de euros

A pesar de los ajustes en su modelo operativo, las autoridades han señalado que las modificaciones no cumplen con la normativa vigente. Esta situación ha derivado en un proceso judicial en el que el fundador de la empresa ha sido citado a declarar por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores

El incumplimiento legal ha tenido un impacto directo en la situación financiera de Glovo. Ante las sanciones y el aumento de costos operativos, la compañía ha reducido su red de supermercados bajo el servicio "Super Glovo" en varias ciudades como Bilbao, Las Palmas y Pamplona. Esto ha llevado al anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a cerca de 100 trabajadores. A su vez, Glovo ha reducido su presencia en mercados menos rentables, centrando operaciones en ciudades clave como Madrid y Barcelona.

Para enfrentar estas dificultades, Glovo ha anunciado una revisión de su modelo de negocio, buscando cumplir con la legislación laboral y adaptarse al marco regulatorio sin comprometer la viabilidad financiera. Según la empresa matriz, Delivery Hero, están dispuestos a provisionar millones de euros trimestralmente para cubrir sanciones y potenciales ajustes operativos.

Por otro lado, expertos en derecho laboral y representantes sindicales sugieren que un cambio definitivo hacia la contratación directa de los repartidores podría ser la única solución viable a largo plazo. Esto permitiría a Glovo operar sin riesgo de sanciones, aunque con márgenes operativos reducidos.

En estos casos en los que los derechos de los trabajadores son vulnerados es importante contar con respaldo legal y asesoramiento de especialistas con experiencia en derecho laboral.

La situación de Glovo refleja las tensiones entre el crecimiento de la economía de plataformas y las regulaciones laborales. Su resistencia inicial a la Ley Rider ha resultado en sanciones, despidos y una imagen pública dañada. Si bien la empresa está ajustando su modelo, el éxito dependerá de su capacidad para equilibrar sostenibilidad financiera y cumplimiento legal. Este caso también establece un precedente importante para otras empresas del sector, reforzando la importancia de adaptar sus modelos a las normativas vigentes.

El futuro de Glovo sigue siendo incierto, pero su caso ilustra un problema más amplio: cómo las plataformas digitales pueden operar de manera justa en un entorno regulatorio cada vez más exigente.