En el marco de las complejas relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, una nueva posibilidad ha ganado protagonismo en las conversaciones bilaterales: la supresión de la conocida "Tasa Google" en España a cambio de una rebaja arancelaria que beneficiaría a empresas españolas exportadoras al mercado estadounidense.
La Tasa Google, oficialmente denominada Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD), fue implantada por el Gobierno español en 2021 con el objetivo de gravar los ingresos generados por grandes multinacionales tecnológicas (la mayoría de origen estadounidense) por servicios digitales como la publicidad online, la intermediación de datos o las plataformas digitales. Desde su entrada en vigor, ha sido un punto de fricción con Washington, que considera esta medida discriminatoria y contraria a los principios del comercio internacional.
Sin embargo, según fuentes diplomáticas y económicas, el contexto actual de revisión de acuerdos fiscales globales podría dar pie a una negociación más amplia entre ambos países. La Administración estadounidense habría puesto sobre la mesa la posibilidad de suavizar los aranceles que actualmente afectan a productos españoles como el aceite de oliva, el vino o determinados productos industriales, si España decide retirar o al menos suspender temporalmente la aplicación de la Tasa Google.
Este movimiento encajaría dentro del proceso de implementación del acuerdo alcanzado en el marco de la OCDE y el G20 para establecer una fiscalidad internacional más equitativa, basada en dos pilares: uno que redistribuye parte de los beneficios de las grandes multinacionales hacia los países donde obtienen ingresos, y otro que fija un impuesto mínimo global del 15% sobre los beneficios corporativos.
La Tasa Google, considerada una medida transitoria en tanto se implementa este acuerdo multilateral, podría ser retirada si se consolidan los nuevos principios de tributación internacional. España, junto a otros países europeos como Francia o Italia, ha mostrado disposición a adaptarse a este nuevo escenario siempre que se garantice una fiscalidad justa para las grandes tecnológicas.
No obstante, la supresión del impuesto no está exenta de debate interno. Algunos sectores políticos y sociales consideran que eliminar la Tasa Google sin una alternativa efectiva supondría renunciar a una fuente de ingresos relevante y a una herramienta para equilibrar el poder fiscal entre grandes corporaciones y estados. Además, se teme que una rebaja unilateral pueda abrir la puerta a presiones similares por parte de otras potencias.
Por su parte, las empresas españolas ven con buenos ojos la posibilidad de que se reduzcan los aranceles estadounidenses, lo que facilitaría su acceso a un mercado estratégico y altamente competitivo. En un contexto de ralentización económica global, cada oportunidad de fortalecer el comercio exterior es valorada como clave para la recuperación y el crecimiento.
En definitiva, la posible negociación entre España y EE.UU. sobre la Tasa Google y los aranceles refleja el delicado equilibrio entre fiscalidad digital, soberanía tributaria y diplomacia económica. Las próximas semanas serán cruciales para ver si se avanza hacia un entendimiento que beneficie a ambas partes sin comprometer los principios de equidad fiscal.
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