El mercado de criptomonedas ha sido, desde su auge, un terreno fértil tanto para la innovación como para el fraude. Entre los mecanismos delictivos más persistentes destaca el esquema Ponzi, que, pese a ser un viejo conocido de las autoridades financieras, continúa afectando a miles de personas cada año. En 2024, este tipo de fraude logró captar cerca de 3.791 millones de euros, una caída del 37% respecto al año anterior, según datos del informe Crypto Crime Report 2025 de la firma TRM Labs. A pesar del descenso, todavía se registran cientos de casos mensuales.
Uno de los fraudes más significativos de los últimos años fue desarticulado en España en el marco de la denominada Operación Bonanza. Esta investigación, iniciada en 2021 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, reveló la existencia de una plataforma de inversión fraudulenta que logró recaudar más de 500 millones de dólares en activos digitales, afectando a más de 50.000 personas a escala internacional.
El modus operandi de esta organización delictiva no difería demasiado de otros esquemas similares: prometían altos rendimientos, muy por encima del promedio del mercado, y lo hacían con una apariencia de seguridad y legalidad. La estafa consistía en utilizar los fondos aportados por nuevos inversores para pagar supuestos beneficios a los inversores anteriores, generando una ilusión de rentabilidad que incentivaba a seguir captando víctimas.
En el transcurso de la investigación, que se extendió durante más de dos años, las autoridades lograron incautar 19,4 millones de euros en criptomonedas pertenecientes a la red fraudulenta, así como bloquear más de un centenar de cuentas bancarias y embargar una decena de vehículos de lujo valorados en aproximadamente 700.000 euros. Se produjeron además seis detenciones en territorio español, todas vinculadas directamente a la gestión y operativa de la plataforma ilegal.
La complejidad de este caso llevó a las autoridades a solicitar la colaboración de Chainalysis, una compañía especializada en el análisis forense de transacciones en blockchain. A partir de 2023, su equipo de expertos comenzó a trabajar estrechamente con la Policía Nacional. ¨Colaboramos en investigaciones que implican estructuras sofisticadas y de gran escala¨, afirmó Juan Montaner, responsable del área de Sector Público en Chainalysis.
Esta empresa desempeñó un papel crucial en el rastreo de los fondos ilícitos. Para ello, utilizaron dos herramientas clave: Chainalysis Reactor, que permite visualizar el flujo de activos sospechosos sin comprometer datos personales, y Data Solutions, que ofrece análisis avanzados para identificar patrones y relaciones entre miles de carteras digitales. Gracias a estos instrumentos, fue posible reconstruir la red de transacciones vinculadas con la estafa y elaborar informes técnicos que sirvieron como base para las actuaciones judiciales.
Montaner destaca que, aunque no acceden directamente a datos personales, cuando detectan que los fondos se han transferido a exchanges conocidos, las fuerzas de seguridad pueden solicitar legalmente información sobre los titulares de las billeteras. Esta colaboración entre tecnología e investigación tradicional permite identificar a los responsables y seguir el rastro del dinero con mayor precisión.
Uno de los aspectos más reveladores del caso fue cómo los responsables del fraude consolidaron grandes volúmenes de activos digitales y los transfirieron a plataformas de intercambio reconocidas, facilitando su conversión a monedas fiduciarias. Mientras tanto, las víctimas mantenían sus criptomonedas dispersas en múltiples exchanges, lo que dificultaba la recuperación de los fondos.
La participación de Chainalysis no se limita a este caso. La empresa colabora habitualmente con las autoridades españolas desde hace más de cinco años, habiendo intervenido también en operaciones anteriores como Spincaster, orientada a desarticular fraudes basados en aprobaciones maliciosas dentro de contratos inteligentes.
En paralelo a la labor de rastreo, la compañía ha intensificado su enfoque preventivo. Según Montaner, el futuro del sector pasa por incorporar mecanismos que alerten de posibles operaciones fraudulentas antes de que se materialicen. En esa línea, Chainalysis ha adquirido recientemente dos startups especializadas en prevención de delitos en el entorno cripto: Hexagate, centrada en la seguridad de la infraestructura blockchain, y Alterya, especializada en el análisis de contratos inteligentes. Esta última ha desarrollado un sistema que, al detectar una transacción sospechosa, lanza una advertencia al usuario, ayudando a evitar transferencias hacia direcciones potencialmente fraudulentas.
Estas soluciones ya están en fase de implementación en diversas plataformas de intercambio y entidades financieras, con el objetivo de monitorizar hasta 8.000 millones de euros mensuales en transacciones tanto en criptomonedas como en divisas tradicionales.
Durante situaciones geopolíticas críticas, como la guerra en Ucrania, Chainalysis también ha puesto a disposición del público herramientas como el Sanctions Oracle Smart Contract, diseñado para prevenir que se realicen operaciones con monederos incluidos en listas de sanciones internacionales, como la lista OFAC de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.
¨El análisis de comportamiento de los monederos permite detectar patrones anómalos, ya que, al igual que los usuarios, las carteras digitales siguen rutinas específicas. Si una billetera comienza a recibir fondos de múltiples direcciones marcadas como fraudulentas, podemos inferir un alto riesgo de que también esté siendo utilizada con fines ilícitos¨, concluye Montaner.
La Operación Bonanza es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre tecnología avanzada y cuerpos de seguridad puede ser determinante para desarticular redes criminales altamente sofisticadas, y evidencia la necesidad de seguir reforzando las medidas preventivas en un entorno tan dinámico y vulnerable como el de los activos digitales.
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