En los últimos años, la integración entre la banca tradicional y el sector de activos digitales ha crecido de manera acelerada, abriendo nuevas oportunidades para los usuarios, pero también generando importantes desafíos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha emitido recientemente una advertencia sobre los riesgos significativos derivados de esta interconexión, que podrían afectar la estabilidad financiera y la seguridad jurídica en la Unión Europea.
Cada vez más entidades financieras incorporan servicios vinculados a criptomonedas, desde la compra y venta hasta la custodia de activos digitales, ya sea mediante el desarrollo propio o a través de alianzas con plataformas especializadas conocidas como exchanges. Esta tendencia ha facilitado el acceso a productos financieros innovadores, pero también ha expuesto a la banca a riesgos inherentes al sector cripto, donde la regulación aún está en fase de consolidación.
La EBA señala que muchas instituciones, tanto del ámbito bancario como de pagos y dinero electrónico, presentan deficiencias importantes en los sistemas y controles para prevenir el blanqueo de capitales. La rapidez con que se han adoptado nuevas tecnologías y productos ha superado la capacidad de estas entidades para gestionar de manera adecuada los riesgos asociados, lo que genera vulnerabilidades que pueden ser explotadas por actores malintencionados.
Uno de los principales problemas identificados es la falta de claridad y coherencia en los procesos de gobernanza, especialmente en operaciones que implican la conversión entre criptomonedas y dinero tradicional. Estas operaciones, a menudo subcontratadas o gestionadas por empresas dentro de un mismo grupo, pueden carecer de límites operativos definidos, dificultando la supervisión y el control efectivo.
A pesar de que el sector ya estaba sujeto a regulaciones de prevención de blanqueo de capitales, la entrada en vigor del Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) busca fortalecer el control y la supervisión. Este reglamento establece requisitos estrictos para las empresas del sector, incluyendo la trazabilidad de transacciones y la posibilidad de revocar licencias en caso de incumplimiento.
Sin embargo, la EBA advierte que aún existen brechas importantes entre las expectativas regulatorias y la realidad del mercado, con casos de entidades que han intentado eludir los procesos de supervisión o que cuentan con estructuras internas poco transparentes.
La advertencia de la EBA pone en evidencia la urgencia de que las entidades financieras y proveedores de servicios cripto refuercen sus sistemas de prevención y cumplan rigurosamente con las normativas vigentes. La coordinación entre supervisores y la implementación efectiva de MiCA y otras regulaciones serán claves para minimizar los riesgos y proteger tanto a los consumidores como a la integridad del sistema financiero.
En este contexto, la existencia de empresas especializadas en prevención de blanqueo de capitales, como CAPITALEA, resulta fundamental para ayudar a diseñar e implementar controles adecuados, formar equipos especializados y garantizar el cumplimiento normativo frente a las crecientes amenazas.
Comentarios