La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en uno de los pilares de la transformación digital a nivel global, impulsando desde la automatización de procesos hasta la toma de decisiones basada en datos. En este contexto de cambio acelerado, la Unión Europea ha dado un paso decisivo hacia la regulación de esta tecnología con la aprobación, en marzo de 2024, del primer Reglamento de Inteligencia Artificial del mundo. Esta legislación pionera establece un marco común para todos los Estados miembros, sentando las bases para una IA segura, ética y alineada con los valores europeos.
La norma, aprobada por el Parlamento Europeo, tiene como objetivo principal salvaguardar los derechos fundamentales, el Estado de derecho, y garantizar que la IA se desarrolle de forma responsable. Para ello, introduce una clasificación de los sistemas de IA en función del riesgo que suponen para la sociedad:
1. IA de riesgo inaceptable, como los sistemas de vigilancia masiva o de puntuación social, queda directamente prohibida.
2. IA de alto riesgo, como la utilizada en procesos de selección de personal o en sistemas judiciales, deberá cumplir requisitos estrictos de transparencia, trazabilidad y supervisión humana.
3. IA de riesgo limitado, como los chatbots, requerirá avisar al usuario de que está interactuando con una máquina.
4. IA de riesgo mínimo, como los filtros de spam, podrá operar sin mayores restricciones. Esta regulación pretende, por tanto, evitar abusos y mitigar riesgos sin frenar la innovación, algo que ha sido una prioridad en el diseño del reglamento.
Aunque, al tratarse de un reglamento europeo, no se requiere una trasposición formal a las legislaciones nacionales, España ha ido más allá y ha iniciado su propia adecuación al marco comunitario. El Gobierno ha impulsado un anteproyecto de ley que complementa al reglamento europeo, centrado en la “gobernanza y el buen uso” de la IA.
Entre las medidas más destacadas de esta iniciativa española se encuentra la obligación de etiquetar claramente los contenidos generados por sistemas de IA, como imágenes, vídeos o audios, para que los usuarios puedan identificar cuándo están interactuando con material manipulado artificialmente. Además, se establecen sanciones severas en caso de incumplimiento, con multas que podrían alcanzar los 35 millones de euros o un porcentaje significativo de la facturación global de la empresa infractora.
Otro paso clave ha sido la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en Galicia, que tendrá como misión velar por el cumplimiento del reglamento europeo en nuestro país y apoyar la innovación ética en este ámbito.
Galicia se ha convertido en la primera comunidad autónoma —y la primera región en Europa— en aprobar un proyecto de ley específico para regular el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial. Esta normativa gallega obliga a que cualquier aplicación de IA por parte de la administración autonómica vaya acompañada de un informe de impacto sobre los derechos fundamentales.
Además, prevé la creación de varios órganos clave para el seguimiento y el desarrollo responsable de la IA, como la Oficina de Inteligencia Artificial de Galicia, el Consejo Gallego de Inteligencia Artificial y la figura del Comisionado en Inteligencia Artificial. Estas iniciativas sitúan a Galicia a la vanguardia del marco normativo regional en Europa.
Mientras Galicia apuesta por la regulación, la Comunidad de Madrid lidera la implantación práctica de la inteligencia artificial en España. En los últimos años ha promovido activamente el uso de esta tecnología en sectores estratégicos como la sanidad, la educación y la administración pública. Desde la automatización de trámites administrativos hasta la predicción de enfermedades o la mejora de la gestión educativa, la IA se está convirtiendo en una herramienta clave para aumentar la eficiencia y calidad de los servicios públicos.
Este impulso se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mediante los cuales el Gobierno central y las comunidades autónomas trabajan conjuntamente para posicionar a España como referente europeo en el desarrollo tecnológico ético y responsable.
La aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial en Europa marca un antes y un después en el panorama legislativo internacional. Frente a enfoques más permisivos o centrados exclusivamente en la innovación, como el estadounidense o el chino, la UE apuesta por una inteligencia artificial centrada en las personas y sus derechos.
España ha asumido con determinación este reto, complementando el reglamento europeo con normativas nacionales y autonómicas que refuerzan su aplicación y control. La combinación de liderazgo institucional, regulación clara e impulso a la innovación sitúa al país en una posición estratégica para liderar el desarrollo ético de la IA en el continente.
El reto ahora será mantener este equilibrio entre regulación y progreso tecnológico, fomentando una inteligencia artificial que no solo sea eficaz y competitiva, sino también justa y al servicio de toda la ciudadanía.
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